Observatorio de Medios de Argentina - UNLP
En la última década la industria de los Call Centers creció de manera exorbitante ofreciendo trabajo y trastornos psicológicos a granel para una nueva generación de jóvenes, estudiantes y necesitados de inserción laboral inmediata. En la actualidad un 30% del total de los empleados de los centros de llamadas padecen síntomas de estrés laboral y la tasa de rotación es del 52.4% en una población que va en promedio entre los 18 y 24 años.Buenos Aires, Desalojo y después…
Desde que Mauricio Macri, asumió como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, se realizan un promedio de dos desalojos diarios que afectaron a más de 1700 familias. Pese a la emergencia habitacional que vive la ciudad, se vetó, hasta el 2010, una ley propuesta por Facundo Di Filippo de la Coalición Cívica que prohibía los desalojos administrativos. Adicionalmente se recortó la partida del presupuesto que el gobierno porteño destina al Instituto de la Vivienda. De un total de 123 familias desalojadas de dos edificios tomados, solo el 30% recibió la asignación de 700 pesos para que solucionen su problema habitacional. 90 familias aun siguen sin hogar.
La crisis habitacional es real, hoy más de 600 mil personas viven en villas o asentamientos precarios, de las cuales 50 mil se encuentran en viviendas tomadas. La ley N°1408, propuesta por la Coalición Cívica, propuso detener los desalojos hasta octubre de 2010 y suponía la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de presentar dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional y crear una comisión de seguimiento integrada por legisladores, varias ONG y la Defensoría del Pueblo, para garantizar el cumplimiento de ese plan. Además de ello la Ley 341, de Cooperativas de Vivienda para Autoconstrucción, ha sido sistemáticamente desfinanciada por el gobierno de la ciudad.
En oposición a estas acciones, el presupuesto para vivienda del 2009 fue recortado en un 30% y se redujeron los fondos del Instituto de Vivienda de 519 a 120 millones de pesos. Monto que apenas alcanza para mantener el Instituto y pagar los sueldos. Sin contar además que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, lanzó el “Manual del buen okupa”, para orientar a familias en situación precaria que necesitan ocupar un terreno (ver recuadro).
Si sumamos esto al boom inmobiliario registrado en los barrios de mayor poder adquisitivo, la situación de los indigentes o personas en situación precaria no están contempladas en las construcciones de torres lujosas que solo el 3% de la población podrá habitar.
La Resolución Nº 5187/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires establece que “la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone en relación al derecho a una vivienda digna y hábitat dar prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos así como promover la integración urbanística y social de los pobladores marginados (art. 31º).” “Hay que considerar que la ocupación en la vía pública no implica obstrucción de la misma, con lo cual las personas que se encuentran en situación de calle ocupando el espacio público pero sin obstaculizar el mismo permitiendo la accesibilidad, al ser expulsadas del lugar por medios que escapan a la mera persuasión -amenazas y uso de la fuerza-, se ven obligadas a abandonar el lugar, sin poder dirigirse a otros ámbitos atento a que no poseen los medios y tampoco ellos le son proveídos, en principio, por el Estado local.” El gobierno porteño parece desconocer completamente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Desalojos S.A
El 8 de agosto de 2008 se llevó a cabo el desalojo del ex hotel “Carlos V” ubicado en Bernardo de Irigoyen al 1110 en el barrio de Constitución. En habitaciones de 15 metros cuadrados y compartiendo un baño vivían 20 familias. El violento desalojo se desató luego de que los inquilinos intentaran dialogar con quienes decían ser los dueños del hotel, a causa de aumentos irrisorios en los alquileres, que de $380 pesos subieron a $1200 pesos. Los propietarios del inquilinato aclararon que no iban a hablar con las familias porque eran “peruanos y bolivianos”. Ante la imposibilidad para dialogar, los habitantes recurrieron a la Asamblea del Pueblo de San Telmo. Como resultado 23 personas terminaron presas sin cumplirse las mínimas garantías, no hubo orden de desalojo, las fuerzas policiales informaron que no era necesaria, ya que actuaron de oficio in fraganti en conjunto con el grupo GEOP y la UCEP.
Luego de los encarcelamientos correspondientes a inquilinos y el desalojo de familiares, comenzaron las obras de remodelación que convertirán, una vez finalizadas, al inquilinato Carlos V en un “hostel” turístico, confirmaron de la Asamblea de San Telmo que “las familias no fueron subvencionadas ni se les otorgó una vivienda digna”.
En Paseo Colon al 1500 una antigua fábrica de fideos en el barrio de La Boca, alojaba, hasta enero del 2009, a 120 familias. Desde hace muchos años, hay un litigio judicial entre el antiguo propietario y el gobierno municipal, de modo que la titularidad del inmueble no está firme y no era posible que un juez ordenara el lanzamiento de sus
ocupantes, muchos de los cuales lo habitaban desde hace más de una década.
Según Rubén Rosmarino, referente de la agrupación social Aukache, “el desalojo desde el 2007 lo tenía el Poder Judicial pero el
juez le informo al Gobierno de la Ciudad que iba a desalojar una vez que las familias fuesen reubicadas definitivamente”. Algo que finalmente no sucedió pues, “el 27 de febrero de este año el GCBA con una resolución administrativa que entrego 6 horas después de efectuarlo, argumentaba que por motivos de salubridad, infraestructura, etc. (el gobierno de la ciudad) tenía que desalojar”. A pesar de los huecos administrativos, la resolución tiene fecha del 26/02/09 y las familias fueron desalojadas el 27/02/09, a las 5 de la mañana.
Tanto Marina e Isabel, dos vecinas que tenían sus viviendas en Paseo Colon 1588 e integran una cooperativa de vivienda, como Rosmarino, denuncian a Mauricio Macri en relación con la reubicación de las familias en lugares dignos, demostrando que “aun hoy hay familias que se encuentran durmiendo en la calle, en ningún momento el GCBA contempló la posibilidad de que las familias accedieran a pagar sus casas a través de los créditos previstos por ley municipal”. Rosmarino asegura que, de acuerdo a un censo que ellos mismos realizaron, “el 90% de los compañeros tiene ocupación y podría pagar una cuota accesible. La ciudad había prometido 10 mil viviendas por año, pero el gobierno actual no construyó ni una”. Con respecto al lugar, debido a este litigio legal, no se ha realizado nada respecto del inmueble. “El edificio está igual, no paso nada”, afirma, Lorena Vázquez, referente de la agrupación Aukache.
La fuerza parapolicial de Macri
Los desalojos son realizados en conjunto con la UCEP, la unidad de control del espacio público. Se crea el 29 de octubre de 2008 mediante el decreto 1232/08. Desde el 11 de marzo pasado se los reubicó en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y quedaron a las órdenes de Jorge Cristian Polini. Los sueldos rondan los 1200 pesos y sus integrantes van desde un almacenero, pasando hasta un árbitro de las Divisiones Inferiores de la AFA. La diputaba Liliana Parada de Igualdad Social, fue quien comenzó a denunciarlos en 2008. Las sucesivas presentaciones se encuentran en el sitio de la defensoría de la ciudad (ver recuadro). En el caso de Paseo Colon, se realizo una acción penal por la actuación de la UCEP, que según Rosmarino “repartió golpes a todos: niños, mujeres, hombres y ancianos.
Los más perjudicados
Luego de las cuestiones administrativas, denuncias y acciones legales, lo cierto es que luego del desalojo 400 personas, quedaron en la calle en el desalojo de Paseo Colon a 1500. El gobierno establece planes de vivienda que no cubren las necesidades del 70% de las personas en situación de calle.
Un caso es una denuncia a la jefatura de Gobierno porteño que realizo un grupo de vecinos de Parque Avellaneda, sobre el estado de abandono de las obras en construcción por parte del Instituto de la Vivienda. El ejemplo más contundente son 31 viviendas construidas por la cooperativa La Lechería.
“Lo único que entregaron fue el subsidio de emergencia habitacional no en cuotas sino todo junto, salvo que ha algunos solo le dieron $450. Se habían comprometido a otorgar otro subsidio de un programa que se llama Nuestra Familia pero jamás cumplieron. Menos aun se interesaron después por brindar los créditos para las más de 5 cooperativas de vivienda que agrupaban al grueso de las familias”, denuncia Lorena Vázquez solidarizada, con los más de 400 afectados de Paseo Colón.
La situación de las familias queda sin resolver, y sin respuestas firmes por parte de los organismos gubernamentales. Los vecinos y damnificados sentencian que mas allá de las razones que el gobierno de la ciudad pueda dar sobre el porqué de los desalojos, “la verdad es que el desalojo se realiza porque los más pobres y trabajadores no tienen derecho a vivir en una de las zonas más caras de la capital”.
Más de medio millón de hogares optaron por la telefonía IP y, para el 2010, se espera superar el millón. Las ventajas, esencialmente, son económicas, pero también pesa la comodidad de una única factura. A pesar de todo, las telefónicas no se rinden y se asocian para competir.
Con la aparición de ofertas económicamente más competitivas y habiendo conseguido
una mejor calidad, en el último año, hubo un importante crecimiento en la cantidad de hogares que se inclinaron a contratar el servicio de TV por cable, de Internet y de telefonía básica, conjuntamente y con una única empresa: un paquete conocido como «Triple Play».
Dando un paso adelante, las empresas de TV por cable se animaron a ofrecer el triple servicio,
para el 2010 y podría llegar a más de dos millones y medio en el 2012. Y es que, para los especialistas, el crecimiento actual del uso de telefonía IP y el Triple Play es la punta de un iceberg, ya que el mercado a conquistar resulta sumamente tentador: actualmente, 3,5 millones de hogares argentinos ya consumen telefonía fija, Internet por banda ancha y televisión paga, aunque todo de manera separada.
La voz empaquetada
La telefonía IP es una tecnología que hace posible que la señal de voz viaje a través de Internet. Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes y bajo un determinado protocolo. Y, si bien la calidad no es la misma que la entregada por las telefónicas, el precio es muy inferior. Mientras que contratar separadamente TV por cable, telefonía fija y banda ancha puede costar entre 250 y 350 pesos por mes, algunas empresas del mercado ofrecen los tres servicios por sólo 139 pesos (Ver: «Todo en uno»).
El freno a esta tecnología había sido, inicialmente, el retraso o delay que tenía la comunicación IP; pero, en los últimos tiempos, la calidad de las comunicaciones de voz a través de Internet mejoró muchísimo. Así, mediante convenios de interconexión, las empresas que ofrecen IP acceden a la red telefónica de todo el país casi con la misma calidad que la comunicación tradicional. Para Guido Farji, Office Manager de Telmex Argentina, hoy, la Telefonía IP puede ser, perfectamente, comparada con los sistemas tradicionales en cuanto a parámetros de calidad. Farji sostuvo, además, que esta nueva modalidad «permite que hablemos de la misma forma que estamos acostumbrados hasta el día de hoy, pero con la posibilidad de que, ahora, nuestra voz se combine con el video o con los datos, lo cual abre un nuevo mundo de facilidades que hasta la actualidad no conocíamos».
Unos sí, otros no
Con respecto al marco legal que regula la telefonía, Jorge Cohen, vocero de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), explicó que «la cuestión no pasa por la tecnología bajo la cual se opere, siempre y cuando se respete la legislación vigente y las normas de
Hecha la ley, me busco socios
En este sentido, dadas las limitaciones que tienen las telefónicas y para no perder terreno, a fines de abril, Telefónica de Argentina se asoció con DirecTV para brindar el Triple Play. A través de un acuerdo, presentaron «Trío», un plan que permite adquirir los servicios de llamadas locales ilimitadas de Telefónica, Speedy Banda Ancha 2.0 y televisión satelital de DirecTV a sólo $209 final, para los primeros seis meses y, luego, a $250. Aunque, por ahora, sólo está disponible en Bariloche.
Julio Brignole, jefe de Telefonía Gestionada y Servicios Avanzados de Voz de Telefónica Empresas, informó que, para la compañía, «la telefonía IP es una evolución natural de la telefonía tradicional hacia un mundo en donde todos los contenidos sean transportados por redes sobre un mismo protocolo: IP».
Por su parte, Telecom también firmó un acuerdo similar con DirecTV, al que llamaron «Superpack»: a los clientes de Telecom que tienen teléfono y banda ancha, le ofrecen DirecTV a un precio más bajo; y a lo que tienen televisión satelital, le dan la posibilidad de
Skype: gratis y no tanto
La empresa Telecentro, radicada en el oeste del conurbano bonaerense pero que, hoy, también llega a la zona sur del GBA, ofrece el Triple Play en su programa «Todo en uno», por sólo $139 por mes (si se paga bajo débito automático), la mitad de lo que sale contratar los tres servicios por separado. En cuanto a la calidad, Analía, nueva clienta de la empresa, sostuvo que «a veces se escucha con un poco de eco pero, en general, anda todo bien». En tanto, Gabriela, otra usuaria, afirmó que «desde que uso Telecentro nunca tuve problemas y, además, para el bolsillo es fantástico: sólo se incrementa un poquito si hay llamados a celulares».
